Igualdad de Oportunidades, ¿Quién paga?


Es indiscutible que la igualdad de oportunidades es un bien ético y, consecuentemente, su persecución constituye una obligación moral irrenunciable. Dicho esto, hemos de ser conscientes de que consecución es costosa difícilmente alcanzable y creo que hemos de plantearnos la cuestión de en quien repercutimos el coste de los esfuerzos realizados por llegar ella.

Quisiera ilustrar lo dicho hasta aquí con un ejemplo concreto en relación a las posibilidades de formarse. Nací en Fornelos de Montes, un precioso y pequeño pueblo de la provincia de Pontevedra, sin embargo siempre viví en Vigo, una ciudad industrial a 35 Km de Fornelos. Ese mismo año nacieron algunos otros niños y niñas en Fornelos algunos de los cuales, como yo, vivieron en Vigo y otros en Fornelos. El simple hecho de vivir en uno u otro sitio creo que condicionó significativamente las oportunidades de unos y otros. En primer lugar, no había animales de campo en los pisos de los que vivíamos en Vigo, mientras que sí los había en muchas de las casas de Fornelos y parte de su cuidado recaía en los chicos y chicas de mi misma edad que vivían en Fornelos. A priori ellos tenían menos disponibilidad de tiempo. Por otra parte, en Vigo hay multitud de academias y centros de recuperaciones y una biblioteca pública prácticamente en cada barrio de la ciudad, además de transporte público urbano para desplazarse por ella. Las bibliotecas y academias de recuperaciones más cercanas a Fornelos están a aproximadamente 15 y 20 km (en Redondela y Pontecaldelas) y las frecuencias de transporte público entre Fornelos y estas localidades no son ni parecidas a las que pueda tener el transporte público urbano de Vigo. Creo que es indiscutible que todos, los que vivíamos en Vigo y los que vivíamos en Fornelos teníamos el mismo derecho a la formación, pero también creo que es indudable que no tuvimos las mismas posibilidades de acceso a ella.

Ante esta situación la sociedad, lógicamente, habilita mecanismos para compensar las diferentes dificultades a las que unos y otros deben enfrentarse para disfrutar realmente de un bien, la formación, al que todos tienen igual derecho. El primero que se me viene a la cabeza son las becas que por facilidad de acceso y cuantía deberían ser diferentes para unos y otros. Sin embargo, entiendo que puede haber otros. Ya he planteado en otro post la legitimidad social para plantear determinadas exigencias a las empresas. Con esta premisa, podríamos exigir a las editoriales la donación de determinado volumen de libros cada vez que hiciesen una edición para surtir a una red de bibliotecas rurales. O podríamos exigir a las academias que quisiesen abrir en una determinada área la prestación de un servicio de refuerzo educativo gratuito en los entornos rurales de su ámbito territorial.

Creo que está claro el planteamiento que quiero hacer: el coste de la promoción de la igualdad puede ser asumido por la sociedad forma colectiva, como en el caso de las becas, o puede ser trasladado a otros actores.

Después de mi trabajo en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el entorno laboral, creo que esta misma reflexión deberíamos hacerla respecto a este campo.

Ciertamente, por la trascendencia del ámbito laboral tanto en la vida individual como en la colectiva, está claro que la promoción de la igualdad en este ámbito constituye un objetivo moral insoslayable. La cuestión es si es adecuado trasladar el coste de la lucha por tal objetivo principalmente a las empresas pues puede ser que este hecho esté siendo un palo en las ruedas por lo que respecta al avance en esta materia.

Sin querer hacer un ruco argumental de ilusionismo, en el caso de la inserción laboral de personas con alguna discapacidad, por ejemplo, y dada la gran trascendencia que la

inserción laboral tiene para sus vidas, autonomía y desarrollo, ¿sería tan descabellado pensar que se mantenga la obligación empresarial de contratación del 2% de la plantilla de entre personas de este colectivo y que se bonificasen no sólo las cotizaciones de estos contratos sino también los salarios vinculados a ellos?. Creo que al considerar las alternativas lo que deberíamos plantearnos no es necesariamente qué es mejor en ningún termino que no sea el de ¿qué sería más efectivo, que el coste lo asuman las empresas o que lo asumamos entre todos?

José Manuel Barco Sousa
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