Cómo constatamos diariamente en los periódicos, el mundo financiero tiene una notable influencia en las políticas económicas y productivas de todos los países del mundo y, consiguientemente en las vidas de sus ciudadanos. Aunque las informaciones que nos llegan puedan hacernos pensar que el mundo financiero está en manos de especuladores sin escrúpulos que hacen fluir el capital con el único objetivo de su enriquecimiento, también hay quienes persiguen hacer converger la creación de valor económico con la creación de valor social.
La inversión socialmente responsable incorpora en su gestión y, consiguientemente, en su valoración de riesgos, criterios éticos, sociales y medioambientales. Desde una visión a largo plazo, para obtener el máximo retorno de los recursos comprometidos en un proyecto empresarial, hay que prestar atención no sólo al capital financiero y los activos tangibles, sino también al capital social, humano e intelectual de las organizaciones.
En el actual contexto de globalización, la inversión colectiva y, especialmente, los grandes inversores institucionales (fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de carteras) son los propietarios de buena parte de la economía mundial. Sus carteras de acciones están diversificadas tanto a nivel internacional como sectorial y, cómo consecuencia de ello, no sólo se preocupan y tienen capacidad de influencia en la gestión de las empresas que poseen, sino que su preocupación se extiende a la economía en su conjunto.
Un inversor socialmente responsable puede optar por no invertir o retirar su inversión de empresas que no contribuyan o lo han negativamente al bienestar social, económico y/o medioambiental o puede también permanecer en esas empresas para, ejerciendo su poder como propietario, influir en sus decisiones estratégicas y de gestión en orden a orientarlas a la realización de contribuciones significativas al citado bienestar.
Tras esta introducción es preciso distinguir entre “inversión ética” y “fondos de inversión solidarios”. La inversión ética pretende dirigir el capital hacia aquellas empresas y sectores que, en consonancia con el ideario establecido para el producto de inversión, cumplan los criterios valorativos establecidos y, consiguientemente, pueda afirmarse que contribuyen al bienestar económico, social y/o medioambiental de sus entornos de referencia. Los fondos de inversión solidarios son aquellos que ceden parte de las plusvalías que generan a proyectos sociales o solidarios, sin valorar las contribuciones de las empresas en las que depositan su capital a sus entornos.
Además de la inversión colectiva, también la intermediación financiera ejercida por las entidades financieras facilitando crédito puede contribuir enormemente a la extensión de la RSC. En su valoración de riesgo, previa a la concesión de crédito, algunas entidades están incorporando criterios para la evaluación de riesgos medioambientales, sociales y/o de reputación que excluyen o dificultan el acceso al crédito a las organizaciones menos responsables o que, cuando menos, acceden al mismo con peores condiciones contractuales.