Sin duda alguna las administraciones son partes interesadas de las empresas que actúan en su ámbito de competencias:

• En primer lugar, por la contribución que las empresas realizan al erario público por la vía del pago de diferentes impuestos y tasas.

• En segundo lugar, dada la notable influencia que las empresas poseen, la administración, como representante y defensora de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, tiene la obligación de supervisar la actividad empresarial para garantizar que ésta contribuye al bien común y no vulnera ninguno de los derechos que los ciudadanos ostentan.

Una empresa socialmente responsable mantendrá una actitud de confianza y cooperación con las administraciones, además de un escrupuloso respeto a sus obligaciones legales y normativas, como expresión de su intención de participar y contribuir a la mejora de la sociedad de la que forman parte.

Esta actitud no significa sometimiento acrítico a todas las pretensiones de la administración. Es más, dada la mayor capacidad de influencia que las empresas tienen, un comportamiento verdaderamente responsable, supondrá el deber de promover mejoras en las regulaciones cuando éstas son insuficientes, ineficaces, injustas…

Los poderes públicos, tal como aparece sistematizado en la siguiente tabla,  pueden desempeñar diferentes papeles en la extensión de la RSE:

José Manuel Barco Sousa