Actualmente, muchas grandes industrias trabajan con una red global de proveedores; algunos se encuentran a miles de kilómetros de distancia y a otros les imponen la condición ineludible de implantarse en las inmediaciones de las 
factorías del cliente. Además, se han extendido mucho los sistemas de trabajo just-in-time; las factorías sólo tienen stock de piezas para mantener en funcionamiento sus cadenas de montaje o producción durante unas horas y obligan a los proveedores implantados en la cercanía a mantener un stock de un par de días. Por otra parte controlan no solo a sus proveedores, sino también a los proveedores de sus proveedores. Así, por ejemplo, muchas empresas del automóvil no sólo controlan a su proveedor, digamos de los guarnecidos de las puertas, que es propiedad de otra multinacional, sino también al taller que provee a éste de los moldes para la inyección del plástico con el que se hacen los guarnecidos. En la cadena de proveedores llegan hasta el último de los proveedores que consideran críticos y así, por ejemplo, exigen al taller que la maquinaria con la que realiza los moldes sea de determinadas marcas que garantizan repuesto y plazo de reposición en caso de avería.
Así pues, la capacidad de control de las grandes compañías es enorme, ahora bien, el problema es tener voluntad de hacerlo, de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos con la misma diligencia con que se garantiza el suministro o la calidad.
Por otra parte, cuando estas empresas se deslocalizan para ubicarse en países con unos costes más bajos, saben que esos costes se deben a las condiciones de vida de las poblaciones de esos países; saben que, en buena medida, se deben cotas de bienestar más bajas; saben que se deben también a condiciones laborales más precarias. Cuando realizan esa elección deben reconocer que la hacen porque en el balance coste/beneficio creen que salen beneficiados, sabiendo perfectamente que el ahorro se produce en buena medida debido a las condiciones de las que hablábamos.
Parece hipócrita tomar la decisión y en caso de algún incidente alegar desconocimiento o incapacidad para solucionarlo alegando cierta distancia en la relación con su proveedor como muestra de respeto a su autonomía.
Las deslocalizaciones pueden contribuir notablemente a elevar los niveles de vida y condiciones laborales de los nuevos entornos en que se ubican las multinacionales, pero como todas las acciones deben prestar atención además de a las consecuencias económicas, a las sociales y medioambientales tanto de los entornos que abandonas como de aquellos en los que se implantan.
Los derechos humanos son derechos inalienables de las personas que les corresponden por el hecho de ser tales. Bajo ninguna circunstancia, ningún agente puede atentar contra ellos ni convertirse conscientemente en cómplice de su vulneración y cuando las legislaciones nacionales no son suficiente garantía de su defensa y promoción, que las acciones o condiciones que atentan contra los mismos sean “legales”, en ningún caso son justas. Si bien los estados deben ser los primeros garantes de los mismos, pues la sociedad se dota de éstos para tutelar los derechos de sus ciudadanos, que el estado no ejerza diligentemente esta misión en ningún caso justifica ni autoriza a que otros agentes puedan vulnerarlos. Los derechos humanos tienen la condición de mínimo indisponible independientemente de las circunstancias, tradiciones y/o costumbres imperantes en un lugar y momento determinados. Dicho esto, también hay que señalar que una actividad global y una sociedad global demandan un gobierno global que tutele al menos esos mínimos indisponibles, del que, lamentablemente, esa sociedad global todavía no se ha dotado, probablemente porque los estados no perciben con suficiente nitidez el beneficio que supondría la cesión de soberanía necesaria para su constitución.
